El reciente caso de Licteriosis que ya se acerca a los 200 afectados en toda España, ha puesto de relieve, de nuevo, las «vergüenzas» de los sistemas de autocontrol de nuestras industrias alimentarias, así como de los sistemas públicos de inspección y control.

Tras la crisis de los pepinos en 2011, la Unión Europea «endureció» el sistema de Sanciones con la «ilusión» de que, al hacer responsable al pais miembro de las posibles indemnizaciones fruto de una posible epidemia con origen en el mismo, los paises empezarían a tomarse en serio los controles de seguridad alimentaria.

Pero he aquí que en un país como España, donde el sistema de competencias en las autonomías es una mezcla entre vergüenza y cachondeo, se limitó a emitir una Ley en la que, a su vez, trasladaba dicha responsabilidad a las Comunidades Autónomas.

Y he aquí que en la «Andalucía Imparable» de los socialistas Manuel Chaves y Pepe Griñan se emitió la Ley 2/2011, de 25 de marzo, de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera, en plena crisis económica, sin capacidad (y, lo que es peor, sin voluntad), de dotar los mecanismos mínimos de control y los apoyos necesarios para su cumplimiento.

Fruto es esta cadena de despropósitos no es, ni mucho menos anormal, encontrarnos en 2019 con empresas que, ante un posible brote epidemiológico no saben como actuar porque carecen de protocolos de alertas alimentarias debidamente implantados en sus organizaciones.

Sabemos bien de lo que hablamos… llevamos más de 20 años visitando establecimientos de hostelería, almacenamiento, industria y transporte alimentario y, aparte de la falta de compromiso con la seguridad alimentaria de la mayoría de los empresarios del sector (y es que no es lo mismo ser empresario, que tener dinero y montar un negocio), es verdaderamente indignante ver como la misma es perversamente alimentada por la dejadez de los inspectores a la hora de hacer cumplir la Ley.

Una apuesta: Si de aquí a final de año se visitaran a los operadores alimentarios de Andalucía, seguramente encontrarían que mas del 90% de los mismos NO CUMPLEN CON LA LEY EN VIGOR y, por supuesto, ninguno de ellos dispone de un Sistema de Aseguramiento de la Calidad implantado en base a los requisitos de una Ley que, supuestamente, lleva en vigor más de 8 años.

Pero claro, de esto no hablan los medios de comunicación porque en realidad no hay interés de esclarecer la verdad de lo que comemos y como llega hasta nuestra mesa o nuestras casas, sino, más bien, de usar políticamente este tipo de casos para obtener el mayor rédito electoral de un lado o de otro. Y mientras tanto, miles de empresas seguirán operando en España sin los mas mínimos y elementales parámetros de seguridad alimentaria…